Por: Luis Jara Pacheco
El análisis de la literatura sudamericana sobre los derechos político-electorales de la mujer indígena revela una constante preocupación por su subrepresentación y las barreras estructurales que limitan su participación política efectiva. Autores como Durango (2016) destacan que, aunque existen cuotas electorales en países como Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Colombia, estas no garantizan representación efectiva, evidenciando exclusión fáctica y la necesidad de acciones más específicas, como cuotas diferenciadas. En Perú, Uchuypoma (2016) subraya que, a pesar de las cuotas indígenas, persiste la exclusión y subrepresentación de las mujeres indígenas en los procesos electorales, problematizando la identificación de los pueblos indígenas y la falta de soluciones concretas.
En Ecuador, Pérez y Pinchulef (2017) cuestionan el impacto de las cuotas y los partidos plurinacionales, evidenciando que la participación femenina indígena sigue siendo limitada. A nivel nacional, en México, Correa (2018) y otros autores como Bustillo y García (2014), Rey (2014), y Cerva (2019), analizan la discriminación interseccional, la violencia política y los retos estructurales que enfrentan las mujeres indígenas. Castillo (2019) resalta la importancia de crear condiciones propicias para su participación política, mientras Molina (2019) evidencia una simulación de igualdad y la resistencia del sistema tradicional a la inclusión de las mujeres indígenas.
En el ámbito local, Fredman (2019) estudia la participación electoral indígena en Monterrey, identificando que factores emergentes, como la falta de proximidad institucional y el desconocimiento del sistema electoral, limitan su involucramiento. En síntesis, la literatura evidencia un problema estructural de justicia social que demanda acciones afirmativas específicas, sensibilización y cambios en las relaciones de poder para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.