Por: Pedro Rivera
Las funciones del poder público en México son un pilar fundamental de la democracia, pues garantizan el equilibrio y evita la concentración del poder en una sola persona o autoridad. El Poder Ejecutivo encabezado por un presidente, quien tiene la responsabilidad de gobernar y ejecutar las leyes; el Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la Unión, que elabora y modifica las normas que rigen al país, mientras que el Poder Judicial, es representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales, se encarga de interpretar y aplicar las normas de manera imparcial. Esta organización de funciones permite que cada uno tenga atribuciones específicas y limite el actuar de las otras, previniendo abusos y garantizando un gobierno más justo.
En un país con antecedentes históricos marcados por el autoritarismo y la concentración del poder, esta división de poderes es esencial para consolidar un Estado Democrático de Derecho. Sin su existencia independiente, el riesgo de que un grupo controle todas las decisiones sería alto, lo que podría derivar en una dictadura disfrazadas de democracia. La supervisión mutua entre los poderes, evita excesos y permite que las decisiones sean revisadas, y en su caso, modificadas.
El Congreso de la Unión juega un papel crucial en la creación de leyes que atiendan las necesidades de la sociedad. Además, actúa como contrapeso del Ejecutivo al aprobar o rechazar iniciativas, presupuestos, tratados internacionales, etc. Sin un Congreso fuerte y autónomo, el Ejecutivo podría gobernar sin límites, lo que afectaría directamente los derechos de los ciudadanos y la estabilidad política del país.
Por su parte, el Poder Judicial, es el garante del Estado de Derecho. Su principal objetivo es asegurar que las leyes sean aplicadas de forma justa y que ningún actor político pueda violarlas de manera impune. En un contexto donde la corrupción y la impunidad han sido el pan de cada día, la existencia de jueces y magistrados independientes es la clave para lograr fortalecer la democracia. Sin la solidez de esta función jurisdiccional, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se vería seriamente afectada.
En estos tiempos donde el debate político se ha polarizado y algunos sectores buscan debilitar la autonomía de los poderes públicos, es importante hoy más que nunca defender su independencia. Un sistema en el que los tres poderes funcionen de manera armónica y equilibrada es la mejor garantía de que México continúe siendo un país democrático. Su existencia, no es un obstáculo para gobernar, sino una salvaguardas para los ciudadanos, quienes deben exigir su correcto funcionamiento y fortalecer su participación dentro del sistema político.