Una de las reformas federales del año pasado que no generaron escándalos mediáticos fue la que cambió los esquemas del outsourcing, cuyo impacto en materia laboral es significativo. Aunque antes de ahondar en el contenido de las reformas, se definirá lo básico: ¿qué es esto del outsourcing?
En principio, la traducción literal de “outsourcing” es “afuera de la fuente”, en español se le ha traducido como “subcontratación, externalización o terciarización”. Cualquiera de éstos términos son sinónimos. El outsourcing surge como una respuesta para las empresas ante tareas y procesos específicos que les resultan desconocidos, que no dominan o en lo que han demostrado ser ineficientes. La solución que el outsourcing ofrece es que se “híper especializa” en actividades y procesos que otras empresas están interesadas en delegar. Es decir, cuestiones complementarias que las empresas prefieren que otros hagan por ella.
Un ejemplo de outsourcing en el sector servicios: somos propietarios de un banco comercial. El producto estrella de un banco comercial suelen ser las tarjetas de crédito. Para generar ganancias a partir de la venta de tarjetas de crédito se requiere una estrategia de marketing telefónico, lo que se traduce en llamadas telefónicas. Nuestro banco podría contratar personal para dedicarse a vender nuestras tarjetas de crédito o podría contactar a una empresa dedicada únicamente a la venta de productos mediante llamadas telefónicas. Nuestro banco aprovecharía las ventajas del outsourcing: nos ahorramos pagos de nómina, capacitación y diseño de estrategias telefónicas, al mismo tiempo que nuestros productos bancarios son vendidos exclusivamente por una empresa especializada en la venta telefónica.
La práctica del outsourcing llegó a México, hasta el punto en que las empresas subcontrataban ya no sólo bienes y servicios, sino también a empleados para abaratar costos. Esto provocó abusos laborales, dado que las empresas ya no estaban obligadas legalmente a inscribir a sus trabajadores al IMSS o repartirles utilidades porque, simple y sencillamente, NO eran sus trabajadores; sino los de la empresa outsourcing. De esta forma, millones de trabajadores mexicanos laboraban regularmente en una empresa de la que legalmente no eran empleados.
Otro de los afectados era el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que este esquema le representaba pérdidas en las cuotas de Seguro Social. Así se llega al mes de abril en 2021, fecha en la que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la Reforma Laboral que implicaba cambios principalmente en la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social. Las disposiciones anteriormente mencionadas prohibieron que el outsourcing se aplique en el capital humano, o séase, en los trabajadores con el fin de acabar con los abusos laborales.
Las reformas no buscaron prohibir enteramente el outsourcing, el cual se mantiene legal en todo lo concerniente en servicios y obras especializadas; de donde éste esquema se originó y representa una oportunidad de competitividad. De igual forma, la reforma instauró la regulación de las empresas outsourcing mediante el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), donde cualquiera puede registrar o consultar las empresas outsourcing reconocidas por el Estado Mexicano.
Abdel Chanona